El senador por Morena y líder del SNTE apoya los cambios porque, según él, buscan evitar que grandes empresarios evadan impuestos mediante amparos.
Sobre las modificaciones a la Ley de Amparo, Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE y senador por Morena, dijo que hay un problema muy serio con respecto a quienes a través de juicios de amparo, han evadido el pago de impuestos, sumando cantidades estratosféricas.
“La gente que tiene mucho dinero, que tiene grandes empresas, evade al fisco a través de los amparos, la idea es sobre todo, que haya equidad, que así como nosotros los asalariados nos descuentan nuestros impuestos quincenalmente y que tenemos que declarar, quienes trabajamos en dos o más lugares, que así también quienes han acumulado grandes riquezas, le den al SAT lo que corresponde”, declaró.
En su visita a La Laguna, mencionó que lo anterior es la controversia medular en la Ley de Amparo, además de que se retrasan mucho los juicios “y al final no se hace justicia” por lo que se busca dar agilidad.
“Entonces por eso estuvimos de acuerdo, por eso se hizo el planteamiento por parte del Ejecutivo federal y lo apoyamos los senadores de Morena y los diputados de Morena”, indicó.
Como se recordará, en fast track el Senado de la República avaló y turnó al Ejecutivo Federal el decreto de reformas a la Ley de Amparo, con la modificación introducida por la Cámara de Diputados para precisar que no habrá aplicación retroactiva de la norma, lo cual fue calificado por la oposición como una farsa porque se mantiene la misma y se limita el acceso a la justicia lo que afectará a los ciudadanos.
Calificada por la oposición “Ley del Desamparo”, la reforma fue aprobada en lo general por 83 votos a favor de Morena y sus aliados, señalando que la reforma busca evitar duplicidad de juicios, proteger los derechos humanos, promover la digitalización judicial y reducir la burocracia.
Hubo 38 votos en contra de PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. La discusión se centró en el artículo tercero transitorio, que fue aprobado en San Lázaro y ratificado por los senadores oficialistas, donde se establece que las etapas procesales concluidas o que hayan generado derechos adquiridos se regirán por las disposiciones vigentes al inicio de los procesos respectivos; mientras que las actuaciones posteriores a la entrada en vigor del decreto quedarán sujetas a las nuevas reglas procesales.
