Exhortan a SEP federal a garantizar transparencia en el programa 'La Escuela es Nuestra'

Exhortan a las Secretarías de Educación Federal, a través de la Dirección General la Escuela es Nuestra (DGLEEN), del Bienestar y de Anticorrupcion y Buen Gobierno, a reforzar acciones de supervisión, control, vigilancia y seguimiento de las obras de infraestructura física educativa que se llevan a cabo en los planteles educativos que forman parte del programa “La Escuela es Nuestra” (PLEEN).

Asimismo, el correcto ejercicio de los recursos asignados para llevar a cabo estas acciones en los planteles educativos.

Fue en tribuna del Congreso del Estado, donde la diputada Olivia Martínez Leyva, precisó que este exhorto no busca señalar con el dedo, sí no, asegurar que cada obra tenga la supervisión necesaria y que la comunidad escolar nunca esté sola en decisiones técnicas que implican riesgos.

“Nuestro propósito es claro: salvaguardar la vida y la integridad de quienes son lo mas valioso para Coahuila”, afirmó.  

Recordó que el Programa “La Escuela es Nuestra”, impulsado por el Gobierno de México, tiene como objetivo mejorar las condiciones físicas e infraestructura de los planteles educativos mediante la asignación directa de recursos a las comunidades escolares. Con esta estrategia, agregó, se busca fomentar la participación ciudadana, la corresponsabilidad social y el empoderamiento de madres, padres de familia y tutores en la toma de decisiones sobre el destino de los recursos públicos.

Sobre las responsabilidades y sus márgenes de acción, expuso que el programa es atendido por una unidad especializada de la SEP, la Dirección General de La Escuela Es Nuestra (DGLEEN), que, a su vez, desahoga su ejercicio por medio del Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP).

Indico que este comité, está conformado por un grupo de personas electas en cada Asamblea Escolar, constituido conforme a lo establecido en las Reglas de Operación del programa, y en términos de lo previsto en el artículo 106 de la Ley General de Educación.

En pocas palabras, este comité, es el beneficiario en cada plantel educativo, es la instancia ejecutora del programa.

Puntualizó que son los encargados de salvaguardar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes durante la ejecución del subsidio público.

Recordó que en el 2022 y conforme a la naturaleza del PLEEN, se estipuló que los subsidios serán entregados directamente a los CEAP, y son estos mismos comités bajo su libre albedrío, quienes podrán aplicar y ejercer el equipamiento, rehabilitación y/o ampliación de las condiciones físicas de su plantel.

Esto con mucha lógica, toda vez que cada comunidad escolar es diferente y conoce sus características o necesidades.

Agregó que, como medida reforzadora, se estableció igualmente dentro de las reglas de operación del PLEEN otros mecanismos, como el Comité de Contraloría Social, la propia Asamblea Escolar o los Facilitadores Autorizados (estos, de la Secretaría del Bienestar, como órgano coadyuvador) para ejercer acciones de seguimiento, participación y vigilancia, tanto del recurso o subsidio, como de las tareas que con este se hagan.

Indicó que además, por ser un recurso público federal, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno o la instancia fiscalizadora correspondiente que se determine por el Órgano Interno de Control en la SEP, por la SHCP, por la Auditoría Superior de la Federación y demás instancias, que en el ámbito de sus respectivas atribuciones resulten competentes, son las facultadas para revisar y auditar la correcta aplicación, ejecución, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas de dichos recursos.

“Ahora bien, la DGLEEN, en su carácter de autoridad ejecutora del gasto y responsable del otorgamiento de los apoyos, tiene la obligación de aplicar los recursos para el objeto y fines autorizados. A su vez, los CEAP beneficiarios directos de los apoyos, deben aplicar los recursos administrados para el objeto y los fines que les fueron otorgados.

“Esto nos indica que los recursos que se otorgan mediante el PLEEN no pierden su carácter federal por lo que en su asignación y ejecución deben observarse en todo momento las disposiciones jurídicas aplicables, y resulta obligación del CEAP, para el caso de acciones mayores, cumplir con la normativa local y federal”, puntualizó.

Sin embargo, afirmó que lo ocurrido en un ejido del municipio de San Pedro, Coahuila, en la que una estructura financiada con recursos del PLEEN se desplomó, evidencia omisiones en los procesos de supervisión, control y validación de obras ejecutadas bajo este esquema.

“La obra en cuestión, fue realizada sin contar con la autorización ni validación del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa (ICIFED), ni de las Secretaría de Educación estatal, ni de ninguna otra dependencia de Protección Civil a nivel estatal y/o municipal”, reveló.

Reveló que no se contó con asistencia técnica o de seguimiento de alguna instancia de la administración pública federal responsable de la infraestructura física educativa, ni de la Secretaría del Bienestar o de la Secretaría de Educación Pública federal, lo que indica falta de seguimiento institucional en el ejercicio de los procedimientos.

“Este acontecimiento ha generado apertura el debate sobre las condiciones de seguridad en las obras realizadas con fondos del PLEEN, que, en diversas escuelas del país, se ejecutan sin dictamen técnico y sin supervisión”, sostuvo.

Comentó que, conforme a sus reglas de operación, el PLEEN no contrata ni recomienda profesionales, empresas o proveedores de materiales para la realización de las obras en los planteles beneficiados, y, la decisión sobre estos aspectos recae exclusivamente en las comunidades escolares.

Es por ello que consideró que durante la ejecución de tareas, el CEAP debería contar de forma obligatoria con la participación de alguna de las siguientes figuras: o ya sea de una instancia de la Administración Pública Federal responsable de la infraestructura física educativa, o, un organismo público responsable de la infraestructura física educativa local (como el ICIFED), o, al menos, cámaras de la construcción, o personal profesional habilitado y certificado, que pueda fungir como responsable técnico para garantizar la seguridad estructural y la ejecución del trabajo.

Una de las “facultades” del CEAP es que podrá solicitar asesoría, capacitación, consultoría, asistencia técnica y seguimiento a alguna instancia de la administración pública federal, quien deberá ofrecer sus servicios gratuitos, en tiempo y forma, a fin de que el CEAP ejerza el recurso dentro del plazo pactado, sin embargo, no se contempla como una estricta obligación, así como, tampoco el que se deba informar a la autoridad educativa local de las obras que planean llevar a cabo, lo que evidentemente es necesario.

Finalmente, recalcó que se debe de garantizar que toda obra financiada por La Escuela Es Nuestra, cuente con la validación de instancias técnicas competentes y que se respeten los estándares de seguridad estructural. La participación ciudadana debe ir acompañada de responsabilidad institucional, y es el Gobierno quien debe asegurar que los recursos públicos se ejerzan con eficiencia, transparencia y con seguridad.