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Industrias de Torreón habilitan espacios para cumplir con la Ley Silla

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FABIOLA P. CANEDO

A pocos días de que concluya el plazo federal para el acatamiento de la llamada Ley Silla, las industrias de Torreón han comenzado a habilitar espacios de descanso para sus trabajadores, con el objetivo de cumplir con las disposiciones que buscan garantizar pausas periódicas para sentarse durante la jornada laboral.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Torreón, Pablo García Chacón, informó que estas adecuaciones cuentan con el visto bueno de la Secretaría del Trabajo y que la mayoría de las empresas ya han realizado inversiones en la adquisición de sillas ergonómicas.

La medida representa un reto particular para el sector industrial, donde existen oficios que, por su naturaleza, no permiten que los trabajadores permanezcan sentados de manera continua. Tal es el caso de soldadores, torneros o fresadores, quienes deben mantenerse de pie para operar maquinaria pesada o realizar procesos de ensamblaje. Ante esta realidad, las empresas han optado por habilitar áreas específicas con sillas disponibles, de modo que los empleados puedan tomar descansos cíclicos y recuperar energías sin interrumpir la dinámica productiva.

El plazo para la aplicación de la Ley Silla venció el 17 de diciembre, tras seis meses de prórroga otorgada por las autoridades federales. Desde entonces, las compañías están obligadas a garantizar espacios adecuados para que los trabajadores puedan sentarse. García Chacón explicó que, aunque la implementación en el sector industrial es compleja, se ha trabajado de manera coordinada con la Secretaría del Trabajo para establecer cierta flexibilidad en áreas donde la operación no permite el uso constante de sillas.

Las empresas han invertido en mobiliario ergonómico que cumple con requisitos específicos, con precios que oscilan entre 800 y 1,500 pesos por unidad. Aunque el costo no es menor, los industriales consideran que se trata de una inversión necesaria para cumplir con la ley y, sobre todo, para mejorar las condiciones laborales. Una silla común puede costar alrededor de 750 pesos, por lo que la diferencia no resulta tan significativa frente al beneficio que representa para los trabajadores.

La posibilidad de que los empleados cuenten con espacios para descansar contribuye a la prevención de problemas de salud derivados de largas jornadas de pie, como fatiga muscular o desgaste físico. Además, fomenta la productividad, ya que un trabajador que puede recuperar energías tiende a desempeñarse mejor en sus funciones. En este sentido, García Chacón subrayó que la Ley Silla no debe verse como una imposición contraria a los intereses empresariales, sino como una oportunidad para fortalecer la empatía y el trabajo en equipo en beneficio de los empleados.

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