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A pesar de las iniciativas en materia de vivienda de los últimos años, la realidad para muchos jóvenes es que tener una casa propia es impensable. Los datos son fríos y muestran una brecha generacional donde los padres de millennials y centennials lograron obtener su hogar en mejores condiciones que sus hijos, quienes se enfrentan a un mercado caro y excluyente, donde el salario inicial de un profesionista es insuficiente para adquirir una propiedad sin ayuda familiar.
El mercado de la vivienda social en México atraviesa un momento crítico con una alta demanda no satisfecha, precios elevados y acceso limitado a créditos. Esto se traduce en un panorama complicado en el mediano plazo, no obstante, parece haber una mayoratención ciudadana y gubernamental, o al menos una discusión pública, en torno a cómo lograr que las nuevas generaciones puedan “vivir en la ciudad en la que nacieron” (como decía aquella pancarta).
UNA MIRADA AL PANORAMA NACIONAL
México encabeza, junto a Chile y España, la lista de países donde más preocupa encontrar y mantener una vivienda, de acuerdo a la encuesta Riesgos que importan (2022) elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La situación es particularmente palpable entre los jóvenes entre 18 y 29 años de edad, pues ocho de cada diez manifiestantener este problema, una proporción que supera por mucho al porcentaje de personas entre 55 y 64 años de edad, que es inferior al 60 por ciento.
Esta inquietud no es infundada. Por ejemplo, al cierre de 2024 el valor promedio de una casa nueva llegó a 1.7 millones de pesos (con un incremento anual de 9.2 por ciento), según cifras de la Sociedad Hipotecaria Federal. Si se considera a un joven mexicanocon trabajo estable que gane entre 15 y 18 mil pesos mensuales —sueldo superior al de la inmensa mayoría— y ahorre el 30 por ciento de ese ingreso para adquirirla, tardaría aproximadamente 30 años en juntar la suma necesaria. menores ingresos. Normalmente se trata de espacios compactos, de entre 40 y 60 metros cuadrados, que cuentan con una infraestructura básica y cuyos precios accesibles se deben a los subsidios gubernamentales o a un financiamiento preferencial, lo que permite costos entre los 500 mil y los 800 mil pesos.
Sin embargo, es necesario resaltar que la oferta de residencias nuevas ha ido a la baja en los últimos años. Mientras que en 2022 la construcción fue de 135 mil unidades de vivienda, en 2023 alcanzó las 131 mil, y ya para 2024 apenas se construyeron 128 mil 147unidades, el nivel más bajo en más de una década, de acuerdo al Registro Único de Vivienda (RUV). Ese año, la producción de casas con un costo inferior a los 600 mil pesos representó el 51 por ciento del total, en tanto que las de precio superior a los tres millones apenas fue del 0.15 por ciento.
Estos datos reflejan, primero, una desaceleración en el sector de la construcción, y en segundo término, un déficit habitacional que incluye también aquellas estrucuturas que carecen de calidad y servicios básicos. Este sigue siendo el principal desafío para el país en materia de seguridad social, sólo después de la salud.
Con un crédito hipotecario la situación tampoco mejoraría mucho, ya que se requeriría un enganche cercano al 30 por ciento del valor del inmueble (más de medio millón de pesos) y pagos mensuales superiores a los 13 mil pesos.
No es de extrañar, entonces, que una gran proporción de jóvenes tenga que postergar indefinidamente la idea de tener un hogar propio, optando por rentar o por seguir en casa de sus padres.
REZAGO HABITACIONAL
De acuerdo al portal Propiedades.com, en México el concepto de vivienda de interés social se refiere a casas y departamentos económicos, que típicamente están orientados a los sectores sociales de Según datos de la Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 2024 (ENIGH 2024) elaborada por el INEGI, el 21.9 por ciento de las viviendas en México está en condición de rezago. Si bien es cierto que se presentó una mejora respecto de 2018 (cuando la cifra era del 27.3 por ciento), el porcentaje actual equivale a más de ocho millones de hogares con carencias. El avance se atribuye a nuevas políticas respecto a la vivienda social, sin embargo aún falta mucho por hacer, ya que casi la mitad de las familias con ingresos menores a los dos salarios mínimos (47.7 por ciento) presentan este tipo de rezago.
De acuerdo al documento Ciudades y vivienda accesible para jóvenes en México 2024-2030, elaborado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP), la tasa oficial de alquiler es relativamente baja en comparación con otros países, pero también refiere que muchas personas viven en casa de familiares o en asentamientos informales ante la imposibilidad de comprar o rentar unapropiedad de manera formal.
El INEGI también muestra que el 61 por ciento de quienes rentan lo hacen porque no califican para un crédito hipotecario o porque sus ingresos no alcanzan; es decir, la mayoría de los arrendatarios en México lo son por necesidad económica, no por elección.Por otra parte, en un monitoreo realizado por el
Fondo Monetario Internacional (FMI), hasta el año 2021 México figuraba en el lugar número 15 entre las naciones con vivienda más cara respecto a los ingresos promedio de la población, sólo debajo de países de alto desarrollo y con ingresos per cápita superiores, como Nueva Zelanda, Países Bajos, Luxemburgo,
Alemania o Estados Unidos. Es decir, el esfuerzo financiero que requiere una familia mexicana para adquirir un inmueble es de los más altos del mundo, y esta situación se ha exacerbado después de la pandemia de covid-19 y la inflación global de 2023-2024, que detonaron la peor crisis de acceso a la vivienda en más de una década a nivel mundial.
PROPUESTAS PARA CONTRARRESTAR LA CRISIS
Frente a este panorama, en los últimos años se han tratado de fortalecer las políticas públicas enfocadas en la vivienda social y asequible.
Entre 2023 y 2024 se creó un ambicioso plan respaldado por el gobierno: la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en 2025 se iniciaría la construcción de 165 mil nuevas viviendas sociales y 100 mil mejoramientos habitacionales, así como la regularización de 120 mil títulos de propiedad en zonas populares. Además, el Infonavit informó que destinaría 288 mil millones de pesos para construir medio millón de casas de interés social y 20 mil millones para el mejoramiento de las ya existentes. Por su parte, CONAVI planea otras 500 mil unidades para personas sin seguridad social, con una inversión de 285 mil millones de pesos y 300 mil accionesde remodelación.
Otro eje importante es impulsar las rentas accesibles. En la Ciudad de México inició el piloto de vivienda social en alquiler para jóvenes, con 158 departamentos dirigidos a adultos de entre 18 y 35 años de edad. Este esquema busca proveer un espacio digno y bien ubicado, aunque sea temporal, para evitar el desplazamiento de sus habitantes fuera de la urbe por motivos económicos. De tener éxito, el proyecto se podría replicar como un esfuerzo para combatir la gentrificación en la capital, es decir, el aumento del costo de vida debido a la llegada de residentes extranjeros con mayor poder adquisitivo a ciertas zonas, desplazando a la población original del lugar.
Organismos internacionales como ONU-Hábitat han enfatizado que el acceso a una vivienda adecuada es un derecho humano básico y, en ese sentido, la Ciudad de México busca equilibrar las reglas del juego para que la ciudad no sea sólo para quien más pueda pagar. Quedan retos enormes en la implementación del plan, pero el debate ya cambió de tono y hoy la vivienda está en el centro de la agenda urbana.
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