El moreirazo, uno de los escándalos financieros y políticos más sonados del país, permanece impune 13 años y medio después de haber salido a la luz. La megadeuda no desaparece por estar ausente de la agenda mediática y del discurso oficial. Máxime cuando, desde 2012, el estado utiliza recursos ingentes del presupuesto para pagar intereses y reducir el capital con cuentagotas. Los efectos son palpables: la inversión para infraestructura, servicios y obras sociales es insuficiente. Ningún ingreso adicional, ninguna reestructura alcanza para compensar los miles de millones de pesos que religiosamente se pagan a los bancos cada año. Ellos y los políticos que endeudaron a los coahuilenses con más de 38 mil millones de pesos, entre 2008 y 2011, son los únicos ganadores.
La Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC) documentó y denunció la contratación irregular de créditos, pero los artífices del atraco estaban acorazados. La Procuraduría General del Estado (luego Fiscalía), el Congreso, el Tribunal Superior de Justicia, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública y el Sistema Estatal Anticorrupción miraron hacia otro lado y no movieron un dedo para investigar a los funcionarios que asumieron deuda sin autorización del poder legislativo, en franco desacato a la Constitución General de la República.
Marco Cancino y Martha López, director y analista de Inteligencia Pública, organismo dedicado a ciudadanizar información y al análisis institucional aplicado, identifican las causas principales del crecimiento exponencial de la deuda: «1. La opacidad de los procesos de contratación, registro y uso de los créditos: 2. Reglas poco claras y con amplios niveles de discrecionalidad. 3. La violación reiterada de la ley de deuda local vigente, por parte de los funcionarios públicos locales, sin aparentes consecuencias importantes. 4. Instituciones de fiscalización y control administrativos débiles, imposibilitadas en la práctica de sancionar a los responsables de violar las leyes locales.
»5. Instituciones financieras con criterios de contratación laxos, más orientadas a la colocación de créditos que a constituirse en un verdadero factor de desarrollo local. 6. Una sociedad civil local sin las capacidades necesarias para impulsar mayor transparencia, rendición de cuentas y un mejor manejo de los recursos públicos; y 7. Altos niveles de corrupción». La parte positiva -apuntan Cancino y López- «es que las reformas recién aprobadas (en 2012) a la Ley General de Contabilidad Gubernamental obligarán a los Gobiernos locales a transparentar toda la información relativa a la contratación de deuda pública, así como el manejo y ejercicio de los recursos provenientes de esta fuente de financiamiento» (La deuda pública estatal: El caso Coahuila).
Los autores hacen hincapié en que lo ocurrido en Coahuila demuestra la necesidad de fortalecer las leyes e instituciones, pero, sobre todo, de «funcionarios públicos y ciudadanos capaces de cumplirlas y hacerlas cumplir». El Gobierno paga, las leyes se reforman, pero la justicia brilla por su ausencia. Nadie se ha preocupado por el interés de los coahuilenses. Mucho menos por sentar en el banquillo a los gobernantes que ataron a los bancos las finanzas del estado y a décadas de privaciones a los más necesitados. El caso no se ha cerrado. Falta voluntad política y una sociedad que exija a las autoridades acatar la Constitución que juraron cumplir.
