La violencia en México contra la comunidad LGBTIQ+

Sin Violencia LGBTIQ+ presentó su informe Homicidios de Personas LGBTIQ+ en América Latina y El Caribe, que revela que México es el segundo país con más casos al haber registrado 80 en 2024, de un total de 361. Los datos del reporte anual indican que cada 24 horas, al menos una persona de la comunidad es asesinada en la región.

Colombia habría sido el país más violento entre los 10 que integran la Red, con 175 homicidios, el 48 por ciento; seguido de México, con 80; Guatemala, con 36; y Honduras, con 28.

“El patrón es claro: la violencia es regional, no conoce fronteras y la impunidad sigue siendo la norma”, indica el organismo.

En un contexto de resurgimiento de discursos autoritarios, políticas regresivas y ataques abiertos a los principios de igualdad y justicia social, América Latina y el Caribe enfrentan “un grave retroceso en los derechos humanos de las personas LGBTIQ+”.

¿QUIÉNES SON LAS VÍCTIMAS?

Hombres cis gay y mujeres trans concentran el 67 por ciento de los casos, con un 36 y un 31 por ciento respectivamente. También se registraron asesinatos de hombres cis bisexuales (10 por ciento) y mujeres cis lesbianas (7 por ciento). Más de la mitad de las víctimas tenía entre 21 y 35 años de edad. De estos 361 homicidios, sólo hubo nueve sentencias condenatorias.

Del total de víctimas en México, 55 son mujeres trans, 19 hombres cis gay, dos muxes —personas de sexo masculino que adoptan roles femeninos en la cultura zapoteca, donde se consideran como el tercer género—, dos varones cis presuntamente asesinados en razón de las relaciones que mantenían con mujeres trans también ultimadas, un hombre cis cuya orientación es sexo-diversa y una persona cuya identidad de género no fue identificada.

“Entre las víctimas, al menos siete eran defensoras de derechos humanos, lo cual evidencia la violencia dirigida contra liderazgos visibles, con la clara intención de silenciar sus voces y desarticular sus comunidades”, se destacó.

Respecto a las víctimas indígenas, la organización subrayó “la intersección con el racismo estructural”. Además, 12 mujeres trans eran trabajadoras sexuales. Entre los hombres cis gay, tres eran estilistas, mientras que entre las mujeres trans también se identificaron siete con la misma profesión.

En cuanto al entorno geográfico, 47 homicidios ocurrieron en zonas urbanas, siete en áreas rurales (todos corresponden a mujeres trans) y en 26 casos no se cuenta con información precisa.

Esto refleja una débil protección social a la comunidad LGBT+ en nuestro país, debido a un marco de impunidad, corrupción, desigualdad económica y discriminación sistémica.

LOS TIPOS DE AGRESIÓN

De los 80 casos registrados, 41 por ciento fueron cometidos con arma de fuego.

“La distribución del tipo de arma utilizada indica que, aunque tanto mujeres trans como hombres cis gay fueron atacados y atacadas principalmente con armas de fuego, las mujeres trans presentan un mayor porcentaje relativo de asesinatos con este tipo de arma, lo cual se vincula con su exposición en espacios públicos o contextos de trabajo sexual”, indica el informe.

“En nueve casos se identificaron indicios de tortura y en 11 se documentó que las víctimas fueron sometidas a múltiples formas de violencia conexa. En 29 homicidios se cuenta con información sobre posibles agresores: 28 eran hombres”.

Sólo el caso de la activista Miriam Ríos Ríos, afiliada a Movimiento Ciudadano, fue atribuido directamente a un grupo del crimen organizado en Michoacán.

Sobre los procesos judiciales, 25 personas agresoras están en prisión preventiva y tres se encuentran prófugas de la justicia. Del total de casos, 21 se encuentran en etapa de juicio, mientras que 59 aún permanecen en etapa de investigación: “Esto significa que más del 70 por ciento de los crímenes aún no cuentan con responsables judicializados, lo que reafirma un patrón de impunidad estructural frente a la violencia contra personas LGBTIQ+”.

LOS DESAPARECIDOS

Por otra parte, aunque el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) indica que hay 71 personas de la comunidad LGBTTTIQ+ desaparecidas en México, organizaciones de la sociedad civil, activistas y familiares denuncian que hay miles en la invisibilidad institucional, pues se les niega el derecho a ser buscadas con su nombre social e identidad sexual propia.

La desaparición de personas LGBTIQ+ sigue siendo una realidad sistemáticamente ignorada. Además, la falta de datos desagregados por orientación sexual e identidad de género en los registros oficiales no sólo borra sus existencias, también invalida el diseño de políticas públicas, directivas, integrales y con enfoque diferenciado, según ha expresado el Contingente contra las Desapariciones LGBTTTIQ+.

Este contingente está integrado por colectivos de toda la República Mexicana, por familiares consanguíneos de personas desaparecidas y por familiares sociales: amigos, compañeros y gente con la que formaron un lazo afectivo-social. Así como por organizaciones sin fines de lucro y acompañantes solidarios. Su principal objetivo es visibilizar a los buscadores y buscadoras que pertenecen a esta población, pues sufren un doble estigma o doble criminalización.

“Esta omisión institucional se traduce en una violencia basada en el olvido y la negligencia. Reconocemos que la familia social, aquella que se envuelve por lazos afectivos, comunitarios o de cuidado, es una herramienta fundamental para realizar el derecho a la búsqueda, la participación y el acceso a la justicia. Este reconocimiento es clave para poblaciones históricamente excluidas, como las personas LGBTIQ+, personas migrantes, personas de pueblos y comunidades indígenas, personas de la civilización de calle y aún otras que en su diversidad construyen formas de vínculo”, sostuvieron.

Madres expresaron que buscan desde la dignidad, la rabia y la esperanza de reencontrarles, de construir verdad y de transformarlo todo. Porque las identidades no pueden seguir siendo un obstáculo en la búsqueda ni una razón para la negligencia del Estado.

“Pero también buscar debe ser seguro. Exigimos garantías de seguridad y protección para todas las personas que buscamos, especialmente quienes pertenecemos a la población LGBTIQ+, y enfrentamos múltiples formas de discriminación. Las comisiones de búsqueda, las fiscalías y demás instituciones del Estado deben garantizar espacios seguros, accesibles y libres de violencia para todas las personas que buscan”, expresó Joana, madre de Lilith Saori, una chica trans desaparecida desde 2023.

Lo anterior implica no solo condiciones materiales adecuadas, sino también la capacitación obligatoria y continua del personal en espacios interseccionales de género y de diversidad, con el fin de evitar la negligencia o la discriminación hacia quienes buscan, desde la incidencia, el dolor y la resistencia.

Redacción S.N.