Hace unos días en este diario se recordaban algunos de los principales escándalos que acompañaron el paso de Alejandro Gertz Manero por la FGR. Quizás el más conocido fue el de su excuñada Laura Morán. Ella y su hija, Alejandra Cuevas Morán, fueron acusadas por el delito de homicidio por omisión de cuidados. Alejandra estuvo detenida más de 500 días en la cárcel de Santa Martha Acatitla hasta que fue absuelta y liberada por la SCJN. También está el de los 31 científicos acusados(as) de delincuencia organizada y lavado de dinero, en un caso que parecía más una vendetta de la entonces directora de Conacyt que una investigación fundada. En 2024, después de 5 años, la Fiscalía perdió el caso, en definitiva, a pesar de haber intentado varias veces que el Poder Judicial abriera la investigación. De haber prosperado, estos científicos(as) habrían quedado detenidos en Almoloya de Juárez, junto con algunos de los narcotraficantes más conocidos del país.
Aunado a estos casos, la Fiscalía de Gertz dejó muchos asuntos importantes pendientes. Está el caso de las filtraciones telefónicas con Emilio Lozoya; el caso de Salvador Cienfuegos, acusado en Estados Unidos pero exonerado por la Fiscalía sin rastro de una investigación. Más recientemente está el caso del rancho Izaguirre donde la Fiscalía negó que existiera un crematorio, a pesar de los muchos indicios que apuntaban que este lugar era usado como campo de adiestramiento de la delincuencia organizada y para desaparecer cuerpos. En su escritorio quedaron los casos de Ayotzinapa, el espionaje de Pegasus, el incendio en las instalaciones del INM (que dejó 40 muertos y 26 heridos), la matanza de dos menores de edad por parte de militares en la Sierra de Sinaloa, etc.
En términos de procuración de justicia queda también un gran déficit. Importantes partes del país están controladas por el crimen organizado. Las recientes manifestaciones de transportistas en todo el país tienen como principal reclamo la falta de seguridad existente en las carreteras del país. Hoy existen más de 150,000 personas desaparecidas en el país, los homicidios continúan en niveles alarmantes y la impunidad está por encima del 90% de los delitos cometidos.
Gertz se va de la Fiscalía dejando una institución en crisis y omisa en su función básica de procurar justicia, investigar los delitos de alto impacto que le corresponden, desmantelar organizaciones criminales o apoyar a las personas buscadoras. Todo parece indicar además que en su lugar quedará, de manera permanente, una incondicional del actual gobierno. No sabemos si hará o no un mejor papel, pero el contexto es preocupante. Durante la gestión de Gertz hubo un Poder Judicial que frenó los excesos en el uso político de la institución. La nueva encargada llega en un contexto donde el Poder Judicial Federal está controlado por el partido en el gobierno y debilitado en sus funciones como contrapeso, gran parte de la seguridad pública está en manos de militares, se ha ampliado la prisión preventiva y la mayoría de los estados son gobernados por Morena. No es difícil pensar que la Fiscalía seguirá siendo usada con fines políticos -ahora con menos controles-, sin investigar las redes de corrupción existentes (en las que participan autoridades) y sin tener como objetivo principal los graves problemas de seguridad e impunidad que aquejan el país.
@cataperezcorrea
