La Presidenta Claudia Sheinbaum al presentar el Plan México ha dado un paso importante en su deseo de conducir una Política Económica con más asertividad, que coloque la imagen de México como un país atractivo para la inversión extranjera y el impacto sostenible del comercio exterior a pesar de las diferencias con el Gobierno de Donald Trump, desde luego, sin descuidar las finanzas públicas y la política social.
Sin embargo, es importante señalar que existe un problema que no ha sido abordado, no solo por los dos últimos gobiernos sino que data de situaciones muy diversas y cuyo origen histórico no puede ser olvidado; me refiero al problema de la informalidad de empresas y de ofertantes, cuyo crecimiento sigue estando a la alza, por lo menos en lo que va del siglo XXI. México como la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, a partir de los años 50, dirigió con acierto buena parte de su comercio exterior bajo los cánones de integración y diversificación comercial, que se extendía como una estrategia de la recuperación capitalista de la Posguerra.
Ya desde entonces, cada país inició lo que podríamos llamar una separación estructural de sus exportaciones que correspondía a los sectores económicos, planear sus formas de envío y sus productos, que tenían la oportunidad de ser avalados por Organismos Internacionales como el GATT y a ello se agregaba una posible ventaja en las importaciones, sobre todo cuidando un tratamiento diferencial de precios y aranceles. En México empezó la preocupación por el Déficit Comercial en la Balanza de Pagos frente a la diversidad de productos de exportación: trigo, petróleo, café, algodón, frutas, textiles y gran cantidad de derivados. La relación de México con América, Europa y Asia cobró su factura a partir de nuevas regulaciones.
En la Política Nacional surgió la forma de hacer frente al dilema, a partir de lo que se llamaría "Sustitución de Importaciones", es decir, fabricar un producto en el país, para ello, se invitó a todas aquellas empresas que quisieran formar parte de los estímulos de apertura que el Gobierno Federal otorgó para ser parte de este escenario, posteriormente, se sumó la política de industrialización en cuyo sesgo fue posible la integración de todo tipo de industrias.
Con la firma del Tratado de Libre Comercio, México Estados Unidos y Canadá, se suponía el abatimiento del Déficit Comercial se colocaba la piedra angular para mejorar el desarrollo del país. Como un factor inevitable de evolución paradigmática, surgió el fenómeno de la globalización, de la innovación tecnológica y el cambio en usos y costumbres de la sociedad. A partir de entonces, se propaga con más fuerza el problema de la informalidad comercial. La informalidad se atribuye a las empresas que operan al margen de las regulaciones y marcos legales sin cumplir con obligaciones fiscales, laborales y administrativas, estas empresas se caracterizan por una menor productividad, aislamiento de prácticas de gestión y un escaso acceso a la tecnología y servicios.
La informalidad es actualmente un riesgo que está en las calles de gran cantidad de estados y ciudades, son personas que ofrecen un abanico de opciones, desde productos chinos y coreanos, hasta alimentos diversos. Son ciudadanos que no tienen un empleo pero sí familias que mantener, no existe una cultura de la legalidad, sin embargo, estas acciones afectan a las empresas, al empleo y a las finanzas públicas del país. Si a ello agregamos otras escalas de evasión como el contrabando de gasolinas, que entre 2019 y 2024 tuvo un costo aproximado de 554,750 millones de pesos, correspondiente al monto no cobrado del IEPS, si bien la Secretaría de Hacienda ha aumentado la fiscalización del comercio informal, es indispensable proponer alternativas de respuesta de agilización de trámites, de seguimiento y regularización. Ya inicia el segundo año de Gobierno de la Presidenta de la República, la política social tiene una dirección y presenta nuevos programas donde son indispensables las finanzas públicas sanas, estando en la legalidad se tiene derecho a exigir el buen uso de los recursos, ya no se puede extender la práctica de la informalidad como en los últimos tres siglos, pero corresponde al gobierno federal actuar con humanismo bajo normas y procedimientos que propicien la aceptación y el cambio. La Evasión Fiscal en cualquiera de sus vertientes es el gran pendiente y causa activa de un movimiento que nos presenta un México muy distinto del que tenemos que sentirnos orgullosos y defender siempre para las futuras generaciones.