(FABIOLA P. CANEDO)
Aunque la propuesta de reforma a la Ley de Amparo ha sido matizada para evitar su aplicación retroactiva, representantes del sector empresarial siguen manifestando preocupación por los efectos que podría tener en la defensa legal de ciudadanos y empresas, especialmente las pequeñas y medianas, que constituyen el 99% del tejido productivo nacional.
Pablo García Chacón, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), reconoció que constitucionalmente no puede aplicarse de forma retroactiva, pero advirtió que el problema va más allá. “Definitivamente no se puede ser retroactivo, eso está claro. Si hay alguien que ya tiene un amparo asignado o está en proceso, no se puede aplicar la ley de forma retroactiva. Eso limitaría la defensa de los ciudadanos”, señaló.
Explicó que México atraviesa un momento delicado en materia de inversión, agravado por recientes cambios en el Poder Judicial que han generado desconfianza. “La Ley de Amparo, tal como se plantea, coarta la libertad de los individuos para defenderse. Esto nos coloca en una situación de mayor vulnerabilidad frente a la inversión, porque no hay garantías individuales claras”, afirmó.
Desde Canacintra, tanto a nivel nacional como local, se ha emitido un pronunciamiento en defensa de los derechos ciudadanos y la necesidad de mantener un entorno legal transparente y seguro. “México necesita dar certeza, garantizar que no se violen derechos, y ofrecer seguridad para atraer inversión. En medio de los retos que enfrentamos por los aranceles, lo que requerimos es ser más competitivos y productivos, pero en un ambiente de tranquilidad”, comentó.
Por su parte, Jorge Reyes Casas, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), criticó la narrativa oficial que justifica la reforma como una medida para evitar que las grandes empresas alarguen los procesos judiciales. “El 99% de nuestras empresas son pequeñas y medianas, con más de 100 trabajadores. Si no hay una acotación clara en la reforma, ¿a quién va a perjudicar? A ellas”, advirtió.
Subrayó que la reforma no especifica que esté dirigida exclusivamente a juicios de gran escala o a empresas con altos montos en litigio. “Desde ahí ya está mal planteada. No se trata solo de grandes corporativos, sino de miles de negocios que podrían quedar indefensos ante decisiones arbitrarias”, dijo.
Ante este panorama, Coparmex anunció que continuará con acciones de diálogo y presión institucional, incluyendo manifestaciones, ruedas de prensa y acercamientos con legisladores y autoridades federales. “Estamos luchando para explicar los riesgos que esta reforma representa para la competitividad del país. Si se aprueba sin ajustes, perdemos fuerza como nación para atraer inversión y proteger a quienes generan empleo”, dijo.
Los líderes empresariales coincidieron en que la reforma podría tener consecuencias sociales profundas. La limitación del derecho al amparo afectaría no solo a empresas, sino a ciudadanos que buscan protegerse ante actos de autoridad.
En este sentido, los organismos empresariales llaman a un análisis profundo y a la construcción de consensos que garanticen un marco legal justo, incluyente y competitivo.
