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Carlos Gurrola

Presenta Ricardo Mejía Punto de Acuerdo sobre el caso de Carlos Gurrola “Papayita”

Presenta Ricardo Mejía Punto de Acuerdo sobre el caso de Carlos Gurrola “Papayita”

Presenta Ricardo Mejía Punto de Acuerdo sobre el caso de Carlos Gurrola “Papayita”

ISABEL AMPUDIA

El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja presentó un Punto de Acuerdo en cual exhorta a la Fiscalía General del Estado de Coahuila a realizar una investigación pronta, imparcial y exhaustiva que permita esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Carlos Gurrola, conocido como “Papayita”.

En la misma sesión y en tribuna de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, también exhortó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como a sus homólogas en las entidades federativas, a reforzar las inspecciones y mecanismos de prevención del bullying, acoso y hostigamiento laboral, a fin de garantizar espacios de trabajo libres de violencia, en cumplimiento con el Convenio 190 de la OIT, la Recomendación 206, y las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.

El legislador por el Partido del Trabajo (PT), sostuvo que el fallecimiento de Carlos Gurrola expone con crudeza la urgencia de aplicar de manera efectiva estándares internacionales en nuestro país.

“No se trata únicamente de un caso individual, sino de una alerta sobre la necesidad de reforzar la prevención, atención y sanción de la violencia laboral como un problema estructural que afecta a miles de trabajadoras y trabajadores”, señaló.

Afirmó que el bullying y acoso laboral son prácticas que minan la dignidad humana, perpetúan climas de miedo y exclusión, y pueden derivar en consecuencias irreparables como lo ocurrido en este caso.

“No podemos permitir que los espacios de trabajo, que deberían ser lugares de desarrollo humano y social, se conviertan en entornos de sufrimiento, exclusión o violencia”, puntualizó.

Resaltó que el trabajo no sólo es un medio de subsistencia, sino también una dimensión esencial de la dignidad humana.

Expuso que el artículo 123 de nuestra Constitución establece el derecho de toda persona a un trabajo digno y socialmente útil.

Añadió que este mandato se articula con compromisos internacionales que México ha asumido, particularmente en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Recordó que en 2019, la OIT adoptó el Convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, mismo que México ratificó en 2022.

Dicho instrumento reconoce que la violencia y el acoso en el ámbito laboral pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos, y una amenaza para la igualdad de oportunidades.

El Convenio 190 obliga a los Estados a garantizar un entorno de trabajo libre de violencia y acoso, incluyendo el acoso por razón de género, y a proteger a las y los trabajadores independientemente de su situación contractual.

De manera complementaria, la Recomendación 206 de la OIT establece medidas preventivas, de protección y de reparación, subrayando la importancia de que los lugares de trabajo cuenten con políticas de tolerancia cero al bullying, al acoso y a toda forma de hostigamiento.

Asimismo, la OCDE, en sus Directrices para Empresas Multinacionales, enfatiza que las empresas deben promover un entorno laboral seguro y saludable, evitando cualquier forma de violencia, discriminación o trato degradante.

Subrayó que la propia OCDE ha advertido que la violencia laboral no sólo afecta la salud física y mental de las personas trabajadoras, sino que también genera altos costos sociales y económicos derivados de la pérdida de productividad, el ausentismo y la rotación de personal.

Finalmente, enfatizó que es momento de actuar con firmeza para que ninguna otra persona trabajadora en el país le cueste la vida al estar inmersa en una espiral de violencia.

“Debemos visibilizar que persiste el hostigamiento, la violencia en los centros de trabajo a pesar de contemplarse en la Ley Federal en materia que las personas empleadoras tienen el deber de garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia a todas las personas trabajadoras”, concluyó.

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