Reforma a la Ley de Amparo pone en riesgo a las Pymes y a la justicia constitucional
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la región Laguna envió una carta a los legisladores federales de Coahuila y Durango, solicitando que se corrija la reforma a la Ley de Amparo recientemente aprobada en el Senado.
La organización empresarial advierte que esta modificación representa un grave retroceso para la justicia constitucional en México y podría tener efectos devastadores para las pequeñas y medianas empresas (Pymes), así como para los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Jorge Reyes Casas, presidente de Coparmex, expresó su preocupación por las implicaciones de la reforma, señalando que algunas disposiciones limitan el acceso a la defensa legal ante instituciones como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quienes podrían cancelar cuentas sin que el afectado tenga una vía efectiva de protección.
“Estamos hablando de un momento decisivo para la justicia constitucional de México. El juicio de amparo ha sido históricamente un instrumento que posicionó a nuestro país como referente mundial en defensa de derechos”, afirmó.
Aunque Coparmex reconoce ciertos avances en el dictamen, como la incorporación del interés legítimo colectivo y sanciones a autoridades que incumplan sentencias, advierte que la reforma también pone en riesgo la certeza jurídica, frena la inversión y dificulta la generación de empleo.
Uno de los puntos más polémicos es la narrativa de que la reforma está dirigida a evitar que las grandes empresas utilicen el juicio de amparo como herramienta dilatoria. Sin embargo, Reyes Casas cuestiona esta premisa, señalando que el 99% de las empresas en México son pequeñas o medianas, con menos de 100 trabajadores.
“No hay ninguna parte en el dictamen que diga que aplica solo a empresas con más de 5,000 empleados. La reforma afecta por igual a empresarios y ciudadanos”, subrayó.
Además, el costo de llevar un juicio de amparo bajo las nuevas condiciones podría ser insostenible para las pymes, que tendrían que contratar abogados especializados. “Muchas empresas viven al día. En lo que termina el juicio, la empresa ya quebró”, lamentó.
Otro aspecto preocupante es la limitación de garantías para interponer un amparo. La reforma exige que se presenten cartas de crédito o efectivo, excluyendo inmuebles o negocios en marcha como garantía. Esto genera un esquema que favorece únicamente a quienes cuentan con alta liquidez, dejando fuera a la mayoría de las Pymes.
Asimismo, la cláusula de “imposibilidad jurídico material” permite a las autoridades alegar falta de presupuesto para incumplir resoluciones judiciales, debilitando el papel del amparo como garante de derechos.
Coparmex Laguna hizo un llamado respetuoso pero firme a todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados para que corrijan el rumbo de esta reforma. La carta enviada por la organización solo recibió respuesta de Ricardo Mejía Berdeja, a quien se le agradeció por tomarse el tiempo de atender la inquietud.
“Los demás parecen demasiado ocupados para contestar un mensaje que no les toma ni cinco minutos”, expresó Reyes Casas con decepción.
La organización insiste en que México necesita preservar un juicio de amparo sólido, accesible y eficaz, capaz de proteger a los ciudadanos, garantizar el estado de derecho y sostener la confianza en las instituciones.
