La iniciativa de reforma de la actual Ley de Aguas Nacionales (LAN) de 1992 que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum, ha revivido el debate cíclico sobre este tema después de varios intentos originados en iniciativas ciudadanas o propuestas de legisladores, un rezago de treinta y tres años. La reforma a la ley que le precedió a la vigente tardo dos décadas en modificarse, por lo que tal rezago indica que se enfrenta una problemática cada vez más compleja que para enfrentarla se dificulta la definición de un nuevo marco normativo.
La LAN de 1992 se reforma en un entorno de cambios en el rumbo que se le estaba dando a la economía nacional que se regía por una rectoría del Estado, para transitar a otra visión en la que se asumía que las crisis económicas cíclicas del país en gran parte se debían a que esa rectoría se sustentada en un aparato gubernamental robusto, ineficiente y corrupto, que no permitía un crecimiento en las actividades productivas, por lo que era necesarios disminuir la intervención estatal en estas y permitir que las fuerzas del mercado determinaran el rumbo que debía seguir el desarrollo nacional. A esa nueva visión se le ha denominado neoliberalismo.
Una de las consecuencias que derivaron de los cambios normativos y en las políticas públicas adoptadas por el gobierno federal fue que se mercantilizo la naturaleza, a la cual se le valoró como una mercancía que se utilizaría como un insumo más en los procesos productivos y a la cual se podría intercambiar como cualquier otra y formar mercados de agua, desprendiéndole del control estatal eliminando o reduciendo las regulaciones que restringían ese uso mercantil. Eso pasó con el agua.
Una de las partes neurales que se introdujeron en la LAN de 1992 fue el manejo y uso de las concesiones para extraer agua de cuencas hidrológicas y acuíferos, el simple hecho de que antes de su promulgación había dos millares de concesiones expedidas y tres décadas después se habían exponenciado a 536 mil concesiones, indica algo turbio en la gestión del agua. Cuestionar esta visión mercantil del agua no es una cuestión que tenga que ver con oponerse per se a que este bien sea utilizado en la economía, puesto que es necesario para que esta funcione, sino la forma en que esto ocurrió.
La expedición de concesiones se realizó sin conocer la disponibilidad existente de volúmenes de agua en las 757 cuencas hidrológicas y los 635 acuíferos del territorio mexicano. Traducido en otras palabras, mercantilizar un bien cuando no se tiene claro el inventario del mismo, cualquier empresa que haga esto elaboraría un plan de negocios erróneo, con alto riesgo de fracasar.
La formación de los mercados de agua inevitablemente llevaría al acaparamiento y formación de monopolios entre quienes tuvieran mayos capacidad económica, como ocurre en toda economía de mercado carente de regulaciones o con regulaciones laxas, como sucedió en México, donde los grandes empresarios o corporativos privados terminaron convirtiéndose en una hidrocracia que concentró concesiones y volúmenes de agua superficial y subterránea, al no estar sujetos a regulaciones extrajeron agua sin control y favoreció la expansión de sus empresas a costa de sobreexplotar las fuentes de suministro, provocando en no pocas de estas un grave impacto ambiental expresado problemas de contaminación y abatimiento. Tres décadas después de 1992, se registra que 108 de las 757 cuencas hidrológicas y 105 de los 635 acuíferos, se encontraban sobreexplotados.
A la par de estos impactos ambientales, también suceden los sociales. En la mayor parte de los 86 distritos de riego del país miles de pequeños productores campesinos fueron desplazados, en el centro y sureste cientos de pueblos originarios perdieron o vieron afectadas sus fuentes de agua por la demanda de megaproyectos energéticos, desarrollos inmobiliarios o industriales privados, y en una gran parte de comunidades rurales y ciudades se sintieron los impactos de esa gestión sin control del agua con problemas de desabasto, donde miles de familias sufrieron la escasez en sus viviendas que les dificultaba la satisfacción de sus necesidades domésticas básicas, aunado a miles de negocios cuyo funcionamiento está conectado al abasto de agua que les proveen las redes hídricas urbanas. A esto también hay que agregar los impactos socioambientales de la contaminación de las fuentes de agua.
El tamaño del problema del agua en México es de tales dimensiones que el anterior gobierno federal evadió enfrentarlo y se lo heredó al actual, cada vez más agravado y ante el cual ya no es posible darle la vuelta, siendo una de las formas la reforma del marco normativo que favoreció este desastre ambiental y social en aras de propiciar un crecimiento económico competitivo, donde la toma de decisiones sobre la desatinada gestión del agua ha recaído en las esferas gubernamentales y en los grandes usuarios, particularmente de los que abusaron de estas libertades legales y políticas que tuvieron.
La pregunta que surge si con la iniciativa de reforma de la LAN de 1992 de la presidenta Sheinbaum provee al gobierno y a la sociedad de las herramientas jurídicas para enfrentar la crisis hídrica actual. Parece que no del todo y, con ello, refleja las fuertes presiones que sufre para no cambiar partes esenciales de dicha ley.