Fiscalía General del Estado.
Un presunto caso de agresión a un menor ocurrido el 1 de diciembre en un evento infantil derivó en una denuncia cruzada que hoy mantiene a Olga Lilia Alvarado, esposa de Juan Manuel Carlos, en proceso de mediación por una reparación del daño estimada entre 10 y 15 mil pesos. La familia acusa que la Fiscalía General del Estado (FGE) dio prioridad a la querella presentada por la abogada Bety Reyna, mientras la denuncia por el golpe al niño permanece sin avances.
Bety Reyna es, según el quejoso, hija del vocero del Foro de Abogados de Monclova.
Juan Manuel Carlos relató que durante una fiesta infantil dos menores comenzaron a pelear y, según su versión, la madre de uno de ellos intervino y golpeó en el rostro a su nieto. Afirmó que su esposa reaccionó al observar que el niño era sujetado con fuerza y empujó a la mujer para separarla y sacar a su golpeado nieto del área.
Indicó que la madre del niño presentó denuncia por lesiones contra la presunta agresora, identificada como la licenciada Bety Reyna. Señaló que, tras acudir a la Fiscalía, percibieron una atención deficiente y que no se dio seguimiento inmediato al señalamiento por el golpe en la cara del menor.
El médico legista no quiso levantar el acta de lesiones del niño golpeado, precisó Carlos. Fue un pediatra particular el que extendió el reporte médico y el Ministerio Público se negó a incluirlo en la demanda.
El entrevistado explicó que días después acudió a su domicilio una persona adscrita a la Fiscalía para recabar información relacionada con una denuncia por agresión contra su esposa. Aseguró que desconocían la existencia de esa querella y que no recibieron citatorio formal previo.
Certificado médico y señalamientos de trato desigual en la FGE
Carlos sostuvo que el menor fue valorado por el pediatra Samuel Ramos, quien expidió un certificado médico donde se documentan lesiones en el rostro y en un brazo. Afirmó que dicho documento no fue integrado oportunamente a la carpeta de investigación, pese a haber sido presentado ante la autoridad.
Añadió que el salón donde ocurrió el evento no proporcionó copia del video de seguridad y que la grabación aportada por la contraparte es de baja calidad. Según su dicho, en las imágenes no se aprecia con claridad la agresión al niño.
El denunciante señaló que la querella en contra de su esposa avanzó con mayor rapidez y que actualmente enfrenta una mediación por lesiones. Explicó que, de no llegar a un acuerdo económico, el caso podría judicializarse.
También manifestó que buscaron apoyo en distintas instancias estatales para exponer la situación y solicitar que se priorizara la denuncia por agresión al menor. Sin embargo, afirmó que hasta ahora no han recibido una resolución clara.
Juan Manuel Carlos indicó que, pese a considerar injusto el proceso, están dispuestos a cubrir el monto solicitado para evitar consecuencias legales mayores contra su esposa. Subrayó que continuarán insistiendo en que se investigue la presunta agresión al niño y que se garantice una actuación imparcial por parte de la FGE.
