Espera de menores en adopción era de hasta 11 años; agiliza estado procesos
La Presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, informó que durante administraciones anteriores se registraron casos de menores que permanecieron institucionalizados entre ocho y once años, en espera de ser adoptados por una familia, debido a la falta de certeza jurídica en su situación legal.
Destacó que uno de los principales avances en la actual administración estatal ha sido la implementación del certificado de abandono, una figura legal que ha permitido regularizar la condición jurídica de niñas y niños que, durante años, permanecieron en casas de atención social sin posibilidad de ser integrados a un hogar.
Salinas Valdés explicó que al inicio del actual gobierno se identificaron expedientes de menores con largos periodos de institucionalización, situación que desalentaba a posibles adoptantes y prolongaba la estancia de los niños en resguardo del Estado.
Aunque reconoció la labor de las casas de atención social, subrayó que ninguna institución puede reemplazar el derecho de la infancia a crecer en un entorno familiar: “La responsabilidad del Estado es garantizar el bienestar de los menores bajo su tutela y trabajar para que puedan integrarse a una familia adecuada”, señaló la Presidenta honoraria del DIF.
Asimismo, resaltó la reciente puesta en marcha del Juzgado especializado en adopciones, cuya finalidad es reducir los tiempos de los procesos judiciales sin comprometer los estándares de seguridad ni los criterios de idoneidad de las familias solicitantes. Con este esquema, los trámites podrían acortarse hasta en seis meses.
Aclaró que esta medida no implica la eliminación de filtros ni evaluaciones, sino una optimización de los procedimientos legales que históricamente han retrasado las adopciones. La concentración de los casos en un juzgado especializado permitirá un seguimiento exclusivo y más eficiente de cada expediente.
El nuevo modelo de atención se basa en una coordinación permanente entre el Poder Judicial, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) y el DIF Coahuila. Mientras la PRONNIF determina la necesidad de separar a un menor de su entorno por riesgo o abandono, el DIF se encarga de su cuidado integral y el Poder Judicial define su situación legal.
Finalmente, Salinas Valdés reiteró que el objetivo central de estas acciones es evitar que niñas y niños permanezcan institucionalizados por trámites prolongados, garantizando que todas las decisiones se tomen bajo el principio del interés superior de la niñez y con una perspectiva integral de infancia y adolescencia.
