Hombre cambia de género para no pagar pensión alimentaria en Durango

Cristian Janet Montenegro Chairez cerró cualquier vínculo afectivo y legal con su hija menor y, poco después, tomó una decisión: cambiar legalmente su sexo para evadir el pago de la pensión alimentaria.

Según documentó La Jornada, Gloria Valentina Méndez Arámbula, psicóloga, quien desde hace cuatro años vive atrapada en una espiral de procesos civiles y penales impulsados por su ex pareja, el abogado Cristian Montenegro. De acuerdo con un diagnóstico psiquiátrico citado en la entrevista, él presenta un perfil de “psicópata integrado y narcisista patológico”.

“Tengo mi vida judicializada”, relata Gloria Valentina a La Jornada. Denuncia que mientras las demandas promovidas por su ex pareja avanzan con rapidez, las suyas por violencia familiar permanecen estancadas.

La situación alcanzó un punto crítico cuando, en una audiencia, Montenegro solicitó ser tratado con “perspectiva de género”, argumentando que legalmente ahora es mujer y exhibiendo una nueva acta de nacimiento.

Según narra la víctima, el juez Jaime Romero Maldonado quedó paralizado ante la situación. Permitió que Montenegro fuera reconocido como mujer en el proceso y, al mismo tiempo, vinculó a proceso a Gloria Valentina por el presunto delito de sustracción de menores, sin una investigación previa.

“Se supone que un proceso jurídico busca la verdad, pero aquí no fue así”, lamenta.

Advierte que el objetivo de su agresor es sentar un precedente legal que podría afectar a más mujeres. 

La violencia no se limitó al ámbito judicial. Montenegro, asegura Gloria Valentina, emprendió una campaña para destruir sus redes de apoyo, incluso en su entorno laboral. Psicóloga de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceeav), terminó despedida tras una serie de hostigamientos dirigidos a sus compañeros mediante denuncias ante contralorías y fiscalías.

Añade que la propia comisionada estatal, María Imelda Flores Morales, le pidió tomar licencia por miedo al agresor. Sin su consentimiento, se solicitó y difundió su dictamen pericial psicológico, un documento íntimo que terminó circulando entre múltiples personas. “Me sentí profundamente vulnerada”, confiesa.

Gloria Valentina conoció a Montenegro en 2017 y formalizó la relación en 2019. Tras iniciar el concubinato en 2020, la violencia se intensificó. Durante su embarazo enfrentó abandono, celos extremos y conductas alarmantes, incluyendo el uso indiscriminado de esteroides, cambios bruscos de humor y amenazas de suicidio.

Pese a las señales, contrajeron matrimonio en junio de 2021. Ella cubrió los gastos del embarazo y la boda. Sin embargo, el miedo se volvió constante. Relata un episodio en el que observó a Montenegro tapando la boca de la bebé mientras lloraba. Días después, él irrumpió violentamente en la vivienda, insultándola y negando la paternidad de la niña.

A la violencia doméstica se sumó la institucional. Mientras asistían a pláticas matrimoniales, Montenegro promovía el divorcio y presentaba denuncias falsas. En una de ellas, incluso omitió mencionar a su hija. Más tarde solicitó la custodia de la menor, a pesar de insistir en que no era suya.

Las agresiones escalaron hasta amenazas de muerte, documentadas en denuncias formales. A esto se añade un nuevo episodio de revictimización: Gloria Valentina denunció que su ex esposo actuó en contubernio con una expareja posterior de ella, quien también la agredió físicamente. Ambos, afirma, se coordinaron para intensificar el daño emocional y legal.

Actualmente enfrenta una nueva causa penal por supuesta sustracción de menores, pese a que Montenegro ha renunciado por escrito a la convivencia con la niña. “Si él no va, no pasa nada; si yo falto, me amenazan con quitármela”, explica.