Juez enfrenta denuncia penal por impedir a exmagistrado ejercer como abogado
En un hecho que no tiene precedentes en la historia reciente, un juez penal fue llevado al juzgado en calidad de acusado por presuntos delitos cometidos.
El querellante es otro juez jubilado, un ex magistrado, a quien el acusado no le permite ejercer su profesión de abogado como litigante.
El magistrado jubilado Hiradier Huerta Rodríguez demandó ante un juez penal que ordene a la FGE que integre una carpeta de investigación por discriminación y omisión, luego de que el juzgador Oscar "N" le impide reiteradamente litigar pese a contar con 4 amparos federales favorables.
De acuerdo con lo expuesto tras la audiencia de control, Huerta Rodríguez explicó que el origen del conflicto se remonta a junio de 2025, cuando presentó la denuncia por discriminación institucional ante la imposibilidad de ejercer su profesión.
Señaló que, a diferencia de otros exfuncionarios judiciales jubilados o pensionados, a quienes sí se les permitió litigar, a él se le negó ese derecho sin fundamento legal.
Indicó que promovió cuatro juicios de amparo, mismos que fueron resueltos a su favor por autoridades federales, al acreditarse la violación a derechos humanos y al artículo 5 constitucional.
Explicó que los jueces del sistema acusatorio en el distrito de Monclova aplicaron de manera retroactiva la ley, pese a que al momento de otorgarse su jubilación no existía impedimento alguno.
Huerta Rodríguez afirmó que incluso después de haber ganado los amparos, fue retirado de al menos una audiencia más, lo que consideró una reiteración de la conducta discriminatoria.
Detalló que derivado de estas acciones presentó una denuncia penal, misma que ha permanecido sin avances durante casi ocho meses por parte del Ministerio Público.
Durante la audiencia reciente, señaló que el agente ministerial reconoció que la investigación fue enviada a Frontera, Coahuila, sin que dicha determinación le fuera notificada formalmente.
Explicó que la audiencia de control de garantías se promovió por la omisión del Ministerio Público de investigar, obligación establecida en el artículo 21 de la Constitución Política Mexicana.
Añadió que el denunciado, quien aún no tiene calidad de imputado, fue notificado pero no compareció, ni se le designó defensor público durante la diligencia.
Huerta Rodríguez sostuvo que solicitó al juez que no se violentaran los derechos del denunciado, aunque consideró que la autoridad judicial mostró una postura parcial durante la audiencia.
Subrayó que el objetivo del procedimiento es el respeto a la ley y a la Constitución, así como frenar lo que calificó como violencia institucional y trato diferenciado.
Afirmó que existe incluso una confesión ante un juez federal donde se reconoce que a otros jueces jubilados sí se les permitió litigar, mientras que a él se le negó ese derecho.
Indicó que el proceso penal se encuentra en una etapa inicial y que primero deberá integrarse correctamente la carpeta de investigación para determinar si se configura el delito.
Denuncia señala omisión ministerial y discriminación institucional
El exmagistrado recalcó que la omisión del Ministerio Público no puede justificarse por carga laboral o desconocimiento, ya que existen mecanismos legales para obligar a investigar.
Explicó que este tipo de audiencias permiten a cualquier ciudadano exigir que se integre una investigación cuando la autoridad ministerial se abstiene de actuar.
Finalmente, señaló que continuará utilizando los recursos legales disponibles hasta que se garantice su derecho a ejercer la profesión y se sancionen las posibles responsabilidades.
