Montana entra en conflicto con su ciudad capital por la aplicación de las leyes migratorias

El estado de Montana investiga a su ciudad capital.

Durante las últimas tres semanas, el Departamento de Justicia estatal ha amenazado con demandar a la ciudad de Helena. Acompañado por el gobernador el 11 de febrero, el fiscal general estatal Austin Knudsen acusó a Helena de violar una ley estatal que prohíbe a las ciudades dar refugio a inmigrantes que carecen de autorización para estar en Estados Unidos.

“La ciudad de Helena no crea leyes estatales”, declaró Knudsen durante la conferencia de prensa, la cual se centró en la resolución de enero de los comisionados municipales de Helena, en la que se determinó que la ciudad no colaborará con los agentes federales de inmigración.

“Esta es claramente una burla del consejo municipal de Helena en la cara de la Legislatura de Montana”, expresó. “Si a la ciudad de Helena no le gusta la ley estatal, la animo a que contrate un abogado, busque un cabildero, venga al Capitolio durante la sesión legislativa de 2027 y haga su mejor intento por cambiar la ley”.

Obligados a estar bajo la lupa, los funcionarios municipales enfrentan una creciente presión pública por parte de los residentes para que se opongan al gobierno del estado. Una reunión especial para discutir posibles cambios a la resolución ha sido programada para el jueves 26 de marzo a las 5:30 de la tarde en el Centro Cívico de Helena. El lunes, Emily Dean, alcaldesa de Helena, informó que había invitado al fiscal general estatal a discutir la resolución con la ciudad. La semana pasada, Rebecca Dockter, la fiscal municipal, molestó a algunos activistas y partidarios de la resolución al decir a los comisionados que Helena debía “sopesar sus opciones, incluida la de revocar la resolución misma”.

Sólo aproximadamente 2% de los residentes de Montana nacieron en el extranjero, una cifra inferior a la de casi cualquier otro estado. Mientras el presidente Donald Trump presiona al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para que aumente las detenciones de inmigrantes que carecen de autorización para vivir en el país, Montana se encuentra entre los estados con el menor número de arrestos.

Activistas, funcionarios y abogados declararon a la organización de noticias Montana Free Press (MTFP) que la lucha se ha convertido en algo que va más allá de la situación de los inmigrantes no autorizados en Helena, cuya vida podría verse directamente afectada si la policía local accede a cooperar con el ICE. En última instancia, el conflicto gira en torno a la capacidad de las fuerzas policiales locales para establecer sus propias prioridades, y la capacidad de la ciudad para gobernar de una manera que esté alineada con los valores de sus residentes, agregan.

“Si la comisión municipal considera siquiera votar para derogar la resolución en su totalidad cuando el fiscal general estatal sólo ha señalado algunas secciones como problemáticas, significa que no rinden cuentas a sus votantes”, manifestó Lily Clarke, codirectora de la sede en Helena de Montana for Palestine, un grupo político que aboga por los palestinos, las poblaciones indígenas y los inmigrantes, entre otros.

Marc Racicot, ex fiscal general estatal y gobernador republicano de Montana, dijo que el conflicto refleja un patrón nacional de disputas jurisdiccionales entre los gobiernos federal, estatal y local sobre quién tiene la potestad en la aplicación de las leyes de inmigración. Calificó el anuncio público de la investigación como “teatro político”, y dejó entrever que la disputa va más allá de solamente el control migratorio.

“Se trata de cómo asegurar el control y el poder, y grabarlo en la fachada del Capitolio, donde perdurará para siempre”, recalcó Racicot.

A medida que el conflicto se desarrolla, los líderes de los municipios de todo el estado observan con atención. Los críticos y los defensores de la resolución de Helena coinciden en al menos un punto: la forma en que responda la ciudad el jueves, y a futuro, podría tener repercusiones.

“Creo que es un mensaje claro para intentar intimidar a otras ciudades e impedir que hagan algo similar”, le dijo Joey Morrison, el alcalde de la localidad de Bozeman, a MTFP.

Para el entonces representante Barry Usher, republicano de la ciudad de Roundup, quien apoyó la ley de Montana de 2021 que prohíbe a las ciudades dar refugio a inmigrantes que carecen de autorización —ley que el fiscal general estatal ha invocado—, ese mensaje siempre fue el objetivo.

“Este proyecto de ley no trata sobre racismo ni sobre discriminación racial”, declaró en febrero de 2021 durante una sesión de la Cámara de Representantes. “Este proyecto de ley trata sobre las ciudades santuario y sobre si queremos o no permitir que los municipios locales aprueben una ley de este tipo. Como estado, decimos que no”.

Knudsen y Gianforte declinaron comentar sobre la disputa, mencionando que la investigación está en curso, y remitieron a MTFP a sus declaraciones públicas anteriores. La fiscal municipal, la alcaldesa, el jefe de policía y varios comisionados de Helena también declinaron comentar, y citaron un posible enfrentamiento jurídico con el estado.