PRONNIF evaluará entorno familiar de 2 menores fugados

La Subprocuraduría de PRONNIF en la Región Centro, inició la intervención formal en el caso de los dos adolescentes de Castaños que fueron localizados en Saltillo y canalizados primero a la región Sureste, donde quedaron bajo resguardo institucional antes de ser trasladados a Monclova.

Marta Lucía Herrera informó que este lunes ambos serían llevados a las oficinas regionales para entrevistas especializadas, valoración de su entorno y seguimiento de medidas de protección, luego de que uno fue encontrado el sábado y la joven durante la jornada del domingo.

La funcionaria explicó que la prioridad inicial fue salvaguardar la integridad de ambos menores y evitar actos de revictimización, por lo que las entrevistas de fondo serían practicadas hasta su arribo a la Región Centro. Señaló que la institución ya contaba con un expediente previo de la adolescente, relacionado con omisiones de cuidado durante 2024, mientras que en el caso del joven no existían antecedentes registrados en la subprocuraduría. PRONNIF forma parte del sistema estatal de protección para niñas, niños y adolescentes en Coahuila.

Herrera indicó que las primeras indagatorias todavía no permiten establecer con precisión qué motivó a los menores a abandonar su domicilio, por lo que la autoridad buscará determinar si se trató de una decisión vinculada con conflictos familiares, alguna forma de vulneración en casa o cualquier otro factor de riesgo. Añadió que el análisis institucional se centrará primero en conocer qué buscaban los adolescentes al salir y si existió alguna condición previa que influyera en esa movilización.

Atención psicológica y medidas de protección en Castaños

La subprocuradora confirmó que ambos menores recibirán atención psicológica como parte de la intervención integral que corresponde a la dependencia. Explicó que, una vez realizadas las entrevistas y valoraciones, se definirá qué medidas de protección son procedentes, siempre privilegiando el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia, pero sin descartar otras opciones cuando el entorno inmediato no sea apto o presente factores de conflicto.

En ese contexto, señaló que una posible familia de apoyo o acogimiento no debe interpretarse como una sanción, sino como una medida de protección prevista para situaciones donde se detecten riesgos o falta de aptitud en el núcleo familiar. No obstante, aclaró que cualquier decisión en ese sentido deberá surgir de la evaluación completa del caso y no de una determinación anticipada. El marco estatal de protección a la infancia contempla acciones institucionales para restituir derechos y prevenir nuevas vulneraciones.

Marta Lucía Herrera también cuestionó la actuación del conductor que, de acuerdo con el contexto del caso, trasladó a los adolescentes sin dar aviso inmediato a las autoridades. Consideró que se trató de una falta de responsabilidad social, al subrayar que la protección de la infancia no compete solamente a las instituciones públicas, sino también a ciudadanos, sectores productivos y medios de comunicación. Sostuvo que cualquier situación que involucre a menores de edad debe manejarse con especial sensibilidad y enfoque de protección.

Piden mayor corresponsabilidad social y reserva en casos de menores

La funcionaria planteó que, a partir de hechos como este, será importante fortalecer la sensibilización con cámaras empresariales, transportistas, restauranteros y otros sectores de la iniciativa privada, para que sepan cómo actuar cuando detecten posibles vulneraciones a niñas, niños y adolescentes. Consideró necesario promover una cultura de reporte oportuno y de colaboración social para evitar que situaciones de riesgo pasen inadvertidas o sean atendidas de forma incorrecta.

Sobre otro caso reportado en San Buenaventura, relacionado con un presunto abuso sexual, confirmó que PRONNIF ya tiene conocimiento y que se brinda acompañamiento a la familia, además de atención psicológica. Sin embargo, pidió responsabilidad en el manejo público de la información, al advertir que la difusión descuidada puede entorpecer las investigaciones y afectar las intervenciones coordinadas entre corporaciones. Recalcó que en delitos sexuales contra menores la única responsabilidad recae en el agresor y que los detalles del expediente deben mantenerse en confidencialidad para proteger a la víctima y preservar el curso de la investigación.