Se niega aseguradora a indemnizar a víctima grave de accidente en Monclova

La causa penal 671/2025 por el atropellamiento de una mujer que perdió una pierna avanza en su proceso de juicio oral, luego de que este miércoles se celebró la audiencia intermedia, informó César García Diosdado, asesor jurídico de la víctima.

El abogado explicó que el proceso se sigue contra el chofer de un autobús de transporte de personal, acusado por el delito de lesiones graves con disminución de capacidad o pérdida de miembros.

Detalló que durante la audiencia intermedia, tanto el Ministerio Público como la asesoría jurídica de la víctima ofrecieron los medios de prueba para sustentar la acusación formal.

Precisó que, por su parte, la aseguradora, el área jurídica de la empresa transportista y la defensa del imputado presentaron también sus propios elementos probatorios.

García Diosdado recordó que el caso se originó en 2025, cuando la víctima fue atropellada por la unidad de transporte, sufriendo heridas de extrema gravedad que derivaron en la amputación de una pierna.

Indicó que en las primeras 48 horas posteriores a la detención del conductor, un abogado de una aseguradora se acercó a la familia de la víctima.

Explicó que la intención era obtener el perdón legal a cambio de otorgar únicamente un pase médico, con lo cual se habría cerrado el procedimiento penal.

Sin embargo, destacó que la hija de la víctima, quien también es abogada, rechazó esa propuesta al considerar que no garantizaba una reparación integral del daño.

Señaló que se optó por no otorgar el perdón y mantener abierta la vía penal, reservándose el derecho de llegar a un eventual convenio conforme avanzara el proceso.

El asesor jurídico afirmó que actualmente existe una postura de confrontación jurídica por parte de la aseguradora y la empresa, por lo que el caso se dirigirá a juicio.

Añadió que, a finales de diciembre de 2025, el imputado fue enviado a prisión de manera preventiva dentro del procedimiento penal.

Posteriormente, explicó, el acusado obtuvo su libertad tras exhibir una garantía económica de tres millones y medio de pesos, fijada por la autoridad judicial.

Además, señaló que como parte de las medidas cautelares, la empresa de transporte entregó en embargo el vehículo con el que se cometió el delito.

García Diosdado indicó que hasta el momento los daños están cuantificados en aproximadamente cinco millones 350 mil pesos, sin considerar honorarios legales.

Subrayó que las empresas y aseguradoras se han resistido a asumir plenamente su responsabilidad civil por temor a sentar precedentes.

Señalan prácticas de presión de aseguradoras

El abogado denunció que este tipo de casos evidencian prácticas recurrentes de presión por parte de aseguradoras tras accidentes graves.

Explicó que es común que representantes legales de las aseguradoras acudan al Ministerio Público para presionar a las víctimas indirectas.

Detalló que estas presiones buscan obtener el perdón penal a cambio de atención médica inmediata, sin garantizar indemnizaciones justas.

García Diosdado afirmó que estas conductas generan revictimización y buscan evitar responsabilidades económicas mayores.

Finalmente, sostuvo que el objetivo del proceso es lograr justicia para la víctima y una reparación integral del daño conforme a derecho.