Sólo 1 de cada 10 casos se resuelve en el sistema de justicia penal mexicano
La justicia penal en el país enfrenta una crisis estructural, pues apenas 10.55% de los casos acumulados en tribunales alcanzó una resolución efectiva, de acuerdo al estudio Radiografía de la Impunidad en México: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal 2024, elaborado por México Evalúa.
En Coahuila y Durango, la situación alcanza porcentajes de impunidad de 95.68% y 94.21%, respectivamente. La investigación, presentada junto con la plataforma digital Data Justicia, ofrece un diagnóstico sobre el desempeño institucional del sistema penal entre 2019 y 2024. El análisis se basa en fuentes abiertas del INEGI y utiliza dos instrumentos clave, que son el diagrama de flujo procesal, que permite observar cómo avanzan los casos desde el reporte del delito hasta su resolución, y el Índice de Impunidad Penal Institucional (IIPI), que mide la proporción de casos sin solución efectiva.
Uno de los hallazgos más preocupantes es la desconexión entre las instituciones de seguridad y las de justicia. En 2024 se registraron 8.8 millones de reportes de delitos a los números de emergencia 911 y 089, pero sólo 2.15 millones derivaron en denuncias formales ante fiscalías.
En Coahuila, el 90.7% de los delitos no se denunció; en Durango, la cifra alcanzó 92.6%. Esta “cifra oculta” refleja la desconfianza ciudadana en las instituciones y la dificultad para acceder a procesos de denuncia ágiles y efectivos.
Aunque el 93.8% de las denuncias deriva en la apertura de una carpeta de investigación, únicamente 6.28% de los casos llega a la acción penal, es decir, a una imputación formal ante un juez.
En tribunales, de 627 mil causas penales acumuladas en 2024, sólo 10.55% alcanzó una resolución efectiva mediante juicio oral, procedimiento abreviado, suspensión condicional o mecanismos alternativos de solución de controversias.
Entre 2019 y 2024, los casos pendientes en fiscalías se duplicaron, pasando de 1.3 millones a 2.6 millones. En tribunales, las causas acumuladas crecieron de 221 mil a 425 mil. Este incremento refleja la incapacidad de las instituciones para dar salida a los casos y garantizar justicia a las víctimas.
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A pesar del panorama crítico, México Evalúa subraya que existen diferencias entre entidades que demuestran que reducir la impunidad es posible. La clave está en decisiones institucionales orientadas a resultados, como una mayor articulación entre policías y fiscalías, uso más amplio de mecanismos alternativos de solución de controversias y gestión enfocada en resolver casos.
El estudio propone acciones concretas para fortalecer el sistema de justicia penal. Entre ellas, facilitar el acceso a la denuncia mediante trámites más simples y reconocimiento formal de los reportes policiales; fortalecer las capacidades de investigación de las fiscalías e integrar la información generada por las policías; reducir el rezago institucional con criterios claros para el archivo temporal y metas de judicialización; ampliar el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias, que permiten resolver conflictos penales de manera más rápida y con reparación del daño; y mejorar la medición y transparencia del sistema mediante registros estadísticos más sólidos y sistemas interoperables.
