'Un riesgo, propuesta de elección popular de jueces y magistrados': Mery Ayup
La iniciativa para elegir mediante voto ciudadano a jueces y magistrados en 2027 mantiene la preocupación sobre su viabilidad y posibles consecuencias en el sistema judicial mexicano.
Así lo expresó el Presidente Magistrado del Poder Judicial en Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, quien alertó sobre los riesgos de trasladar este tipo de decisiones al electorado.
El Magistrado señaló que el modelo implicaría una carga excesiva para la ciudadanía, al tener que analizar perfiles de cientos de aspirantes a cargos judiciales, tanto a nivel federal como local.
De acuerdo con su postura, la complejidad del proceso, que incluiría múltiples boletas y más de 300 candidatos, dificultaría la toma de decisiones informadas.
En ese contexto, advirtió que podrían surgir prácticas como el uso de “acordeones” de nueva cuenta o listas predefinidas, lo que desvirtuaría el ejercicio democrático y limitaría la participación consciente de los votantes.
Mery Ayup también subrayó que esta propuesta trasladaría una responsabilidad técnica al ciudadano, quien no necesariamente cuenta con los elementos para evaluar la idoneidad de perfiles especializados: “No se le puede cargar al ciudadano una decisión tan técnica”, enfatizó, al referirse al impacto que tendría una mala elección en la impartición de justicia.
Como alternativa, planteó retomar esquemas como el implementado en Coahuila, donde comités especializados analizan a los aspirantes con base en criterios como experiencia, formación académica, ética profesional e idoneidad. Este mecanismo, explicó, ha permitido integrar listas de candidatos con trayectoria comprobada para distintos órganos judiciales.
Otro de los puntos de preocupación es el costo económico que implicaría este tipo de elección y recordó que procesos electorales anteriores han requerido inversiones de miles de millones de pesos, cifra que podría incrementarse considerablemente al incluir la renovación del Poder Judicial.
Asimismo, advirtió sobre el riesgo de que personas sin la preparación adecuada, sin vocación o incluso con posibles vínculos indebidos accedan a cargos de alta responsabilidad, lo que pondría en entredicho la calidad de la justicia en el país.
Finalmente, destacó que la labor de jueces y magistrados exige no solo estudios profesionales, sino también experiencia, integridad y capacitación constante. En ese sentido, propuso fortalecer los mecanismos de evaluación y la formación continua mediante instituciones como la Academia Interamericana de Derechos Humanos.
El Magistrado hizo un llamado a replantear la propuesta antes de su eventual implementación, privilegiando modelos que garanticen perfiles idóneos y una justicia profesional, al considerar que las resoluciones judiciales impactan directamente en la vida, el patrimonio y los derechos de la ciudadanía.
