72 correcciones evidencian ambigüedades en Ley de Aguas Nacionales: diputada

La discusión en torno a la nueva Ley de Aguas Nacionales ha dejado ver las tensiones entre legisladores, productores y sectores sociales. El proceso legislativo, impulsado en un inicio bajo la figura de fast track, terminó exhibiendo graves ambigüedades, pues el dictamen requirió de 72 correcciones antes de avanzar, lo que refleja la complejidad y las controversias que rodean a un tema vital para el país.

La diputada federal Verónica Martínez García explicó que, aunque la iniciativa buscaba garantizar el derecho humano al agua, en la práctica concentra el control del recurso en manos del Gobierno Federal.

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“Es una ley que acapara y centraliza el poder del vital líquido para el gobierno federal”, señaló.

Según Martínez, el nuevo consejo que se pretende conformar estará integrado únicamente por representantes del Gobierno Federal, sin espacios para productores, sector privado o actores sociales. Esto, advirtió, elimina el equilibrio en la toma de decisiones y deja fuera a quienes dependen directamente del agua para su sustento.

“Yo la alcancé a votar en lo general. Creo que es una ley que acapara y centraliza el poder del vital líquido para el gobierno federal”, expresó. Según la legisladora, la propuesta no garantiza el acceso equitativo al agua, sino que concentra las decisiones en un consejo integrado únicamente por representantes del gobierno federal.

La principal crítica radica en la exclusión de actores clave como productores, campesinos, ganaderos e incluso el sector privado. Para ellos, la falta de representación en la toma de decisiones genera incertidumbre sobre el futuro de sus actividades.

“Lo que van a hacer es darle el control total a la Conagua de poder decir a quién le da y a quién no le da, y también la facultad de cancelar permisos para pozos de agua”, advirtió Martínez García.

Este escenario preocupa especialmente al campo y a las industrias que dependen del recurso hídrico para sostener su producción. La posibilidad de que los permisos sean revocados sin criterios claros abre la puerta a un clima de inseguridad jurídica que podría impactar directamente en la economía rural y urbana.

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La polémica alcanzó un punto álgido cuando el senador Ricardo Monreal reconoció públicamente las observaciones realizadas por legisladores opositores, de ahí que se hicieron 72 correcciones. El hecho de que se hayan requerido tantas modificaciones revela la complejidad y la falta de claridad inicial en un tema tan sensible como el agua.

Mientras la Comisión Nacional del Agua sostiene que la reforma busca inhibir irregularidades, voces críticas alertan que el nuevo marco legal podría convertirse en un instrumento de control más que en una herramienta de justicia hídrica.